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El Gobierno municipal encabezado por Juan Figueroa tomó la decisión de aumentar el IBI e implementar dos nuevas cargas fiscales a los vecinos de San Agustín del Guadalix. En el último pleno, celebrado el pasado jueves, el Equipo de Gobierno hizo valer su mayoría absoluta para aprobar estas modificaciones fiscales que acarrearán un mayor esfuerzo para la población. El tipo de gravamen para fincas urbanas quedó estipulado en 0,56 (antes estaba 0,43). Esto significa un aumento del 30%.

Las dos nuevas cargas fiscales que afectarán la economía de las familias del pueblo son la de los servicios de distribución del agua y la de alcantarillado. Desde la oposición, AISA calculó que esto representará un aumento del 27% en el recibo del agua. Aquí el Ejecutivo ha optado por encarecer un servicio de primerísima necesidad para los ciudadanos para mejorar su recaudación.

El Ejecutivo local fundamentó esta decisión en su decisión de seguir manteniendo la totalidad de los servicios que se prestan actualmente. Así lo expresó la portavoz popular, Cristina Aparicio: “Nos comprometemos a mantener los servicios hasta ahora prestados. Por eso, este nuevo presupuesto va a ser elaborado con verdades, quitándonos la venda de los ojos”.

“Tenemos que priorizar gasto y buscar la devolución de éste a los contribuyentes. No queremos inflar los ingresos y las cifras como se ha hecho anteriormente. No buscamos la foto sino la gestión eficaz, por eso ya estamos recortando gastos, y por eso esta modificación de los impuestos, porque si no hay ingresos no hay gastos y, como cualquier familia de este municipio, no gastaremos más de lo que ingresamos”, agregó Aparicio.

“Buscando compensar el impacto de esta medida” también se aumentarán las bonificaciones para familias numerosas. Del 40% se pasó al 50%. Y, para familias con situaciones especiales la subida será  del 50% al 70%.

La oposición en su conjunto (AISA, PSOE e IU) votó en contra de la nueva normativa. Por su parte Jesús Sainz (AISA) argumentó que este incremento fiscal se debe a la intención del Ejecutivo de compensar “el despilfarro llevado a cabo por el gobierno popular de los años 2007-2010, que vivió de las rentas (9 millones de euros) y del buen hacer del gobierno anterior (AISA-PSOE)”. “La ejecución de presupuestos municipales totalmente al margen de la realidad, estableciendo ingresos ficticios derivados de hipotéticas licencias urbanísticas; el descontrol del gasto, sobre todo en 2009 (3,5 millones de euros de déficit); nos han llevado al desequilibrio presupuestario actual”.

También Carmen Timón, portavoz del PSOE, se mostró contraria a la normativa: “El equipo de gobierno propone una subida del 30% el equivalente a la subida salarial de diez años del IPC, que se prevé del 3%, sin proponer ninguna otra medida alternativa de generación de ingresos para paliar el desequilibrio presupuestario como proyectos de ecoturismo, que contemplaban en su programa electoral y que nosotros también proponíamos y sin proponer realmente medidas de reducción de gasto público como eliminación de gastos supérfluos e innecesarios, supresión de las pagas extras de los concejales en el gobierno, eliminación de retribución a los concejales de la oposición, reducción de horas en la contratación a los cargos de confianza”.

“En el programa político del PP para nuestro municipio se hablaba de racionalización en los impuestos y esta medida es claramente irracional toda vez que en los municipios de nuestro entorno la subida del IBI ha estado en torno al 5 ó 6 % pero nunca del 30%, e incluso municipios gobernados por el PP han decidido no subir los impuestos”, explicó Timón. ”Respecto de las nuevas tasas sobre el agua no hacen sino agravar la situación económica de nuestros vecinos”, agregó.

En el mismo sentido se manifestó la representante de IU, Laura Nuño: “Sin duda el Ayuntamiento tiene problemas económicos, pero no menos que los que tienen los vecinos y vecinas de San Agustín. No se puede descargar la responsabilidad de una inadecuada gestión sólo en los vecinos y vecinas, no podemos”.

“Tampoco apostamos por medidas que supongan una subida de impuestos de forma lineal, apostamos por impuestos justos, por una fiscalidad progresiva donde paguen más los que más tienen. Los impuestos que se plantean tienen carácter lineal, no progresivo”, criticó Nuño.

Por su parte AISA difundió las cifras de los recibos del IBI para el 2012. Según sus cálculos:

• C/ Camino de Colmenar: pasaría de los 188,88 euros actuales a los 245,97.
• Plaza de Juan Carlos I: pasaría de los 244,63 actuales a 318,59.
• Alejandro Martín Ortega: pasaría de los 248,63€ actuales a 323,79.
• Avenida de Madrid: pasaría de los 329,83€ actuales a 481,89.
• Zona de Casas Nuevas: pasaría de 381,61€ actuales a 575€.
• C/ Federico García Lorca: pasaría de los 400 euros actuales a 523,69€.
• C/ Cantabria: pasaría de los 655 euros actuales a 863,96€.
• C/ Abedules: pasaría de los 900 euros actuales a 1.211,96€.
• C/ Enebros: pasaría de los 1.532 euros actuales a 2.047€.

El propio ex primer edil Jesús Sainz explicó que con el tipo de IBI actual para fincas de naturaleza urbana “nos pondría por delante de municipios como Arganda del Rey (0,48); Getafe (0,52); Aranjuez (0,55); Alcalá de Henares (0,55); Leganés (0,32); Las Rozas (0,56); Coslada (0,42); Torrejón de Ardoz (0,43); Alcorcón (0,45)”.

“Y también superaríamos a capitales de provincia como Toledo (0,46); Albacete (0,45); Ávila (0,55); Segovia (0,47); Orense (0,54); Santander (0,50); Logroño (0,52); Burgos (0,46); Cuenca (0,48); Zaragoza (0,55); Guadalajara (0,53); Palencia (0,53); La Coruña (0,54); Vitoria (0,22), Pamplona (0,35)”, agregó el concejal de AISA.

Por otro lado, no deja de llamar la atención que el Ejecutivo haya decidido aumentar la carga impositiva sobre el recibo del agua, tratándose de un servicio de primerísima necesidad, relacionado de una manera íntima con la sanidad y calidad de vida de los vecinos. Mucho más, cuando el líder de su partido y candidato a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, instó a sus alcaldes a congelar los impuestos.

“Cuidado con las subidas de impuestos, no es momento”, advirtió Rajoy el 1 de julio en Sevillaa los alcaldes del PP, según se puede leer en un teletipo de la agencia EFE publicado en la web de 20 minutos. El alcalde de San Agustín, Juan Figueroa, siempre que tiene oportunidad cita al presidente del PP y lo pone como ejemplo. Sin embargo, a la hora de fijar la política fiscal del municipio ha hecho todo lo contrario de lo que su propio líder le pidió hace sólo un par de meses.

La situación del Ayuntamiento no está como debiera. Y no es una apreciación antojadiza, es simplemente lo que evidencian cuatro cuestiones que afloraron en el último pleno. Se viene una subida de impuestos. El Consistorio aumentó el plazo de pago a proveedores de40 a90 días, concertó una línea de crédito por medio millón de euros y está recortando gastos de donde puede.

Todos estos temas salieron a la luz cuando el concejal de Hacienda, Joaquín Aspiroz, explicaba que está trabajando en un nuevo plan económico financiero para poder elaborar nuevos presupuestos. “No vamos a poder hacer un presupuesto nuevo si no presentamos un plan económico financiero”, argumentó.

El Ejecutivo se comprometió a articular algún mecanismo para que la oposición pueda aportar ideas de cara a los nuevos presupuestos. No está claro cuál será el mecanismo ni cuán permeable será el Equipo de Gobierno a las propuestas de los otros grupos municipales, sobre todo teniendo en cuenta las premisas develadas por Aspiroz.

“Ese presupuesto y ese plan pasa por dos vías”, explicó. Una es la “reducción de los gastos”. La otra vía despertó las quejas del publico presente como era de esperar: “Este concejal y esta corporación vamos a tomar decisiones de cambio de modelo totalmente novedosas que va a suponer, en algunos casos, el incremento de impuestos”.

Como si estas dos decisiones no fueran suficientes para pintar la cruda realidad de las cuentas municipales, Aspiroz también informó que se ha estirado el plazo de pago de proveedores. Se pasó de40 a90 días aproximadamente.

El titular de la cartera de Hacienda también confirmó que el Ayuntamiento ha acordado recientemente una línea de crédito con una entidad bancaria por 500.000 euros. Cabe recordar que durante toda la campaña previa al 22-M Figueroa acusó al anterior Gobierno de solicitar 3 millones de euros a los bancos, cosa que el ex alcalde Sáinz negó en reiteradas oportunidades.

Parece que todas las explicaciones dadas por Aspiroz no fueron suficientes, ya que la concejala de AISA María Dolores Ortega, esperó el turno de preguntas para quitarse cualquier duda. Para ello, fue de lo general a lo particular. Apeló a la ironía, por lo que Aspiroz elegantemente le pagó con la misma moneda. No fue un cruce de alto valor dialéctico pero generó más de una risa entre los presentes, cosa que siempre se agradece después de más de cuatro horas de debate.

AISA aprovechó el  Pleno del pasado jueves para pedir explicaciones al alcalde de San Agustín del Guadalix, Juan Figueroa, acerca de la suspensión de las oposiciones. El encargado de lo que pareció una interpelación, sobre todo en el turno de ruegos y preguntas, fue el ex primer edil, Jesús Sáinz, antiguo responsable de Recursos Humanos y, por ende, de la convocatoria.

Era sabido que el tema de las oposiciones iba a aparecer en algún momento durante el Pleno. AISA presentó una moción para que el tema sea tratado. Sáinz tomó la palabra y criticó la forma en la que se produjo la suspensión y la falta de claridad en el decreto para especificar cuáles son las supuestas “irregularidades”.

AISA dijo no entender la alusión del decreto a razones económicas ya que las nueve plazas actualmente están ocupadas en forma interina, y no hay noticias de que se vaya a despedir a las personas que las ocupan. También cuestionó el cortaypega del decreto. Hasta nombró la página web de donde se obtuvo. “Aunque el abogado redactor externo ya presentó la factura de casi mil euros”, añadió Sáinz.

El ex alcalde achacó el “extremo interés en la paralización” a las “presiones que numerosos militantes del Partido Popular de San Agustín llevan realizando sobre el Equipo de Gobierno en las últimas semanas” tras haber sido eliminados de las oposiciones en las primeras fases. En esa misma situación, dijo, hay “amigos y familiares de concejales y ex concejales”.

Era sabido que la moción tendría poco recorrido. Pero Figueroa aprovechó su turno para dejar claro que la suspensión se decidió después de que informes técnicos alertaran de posibles irregularidades. “Lo que usted propone es que miremos para otro lado”, replicó a Sáinz. “Se llevará al Tribunal Consultivo”, agregó. “No le voy a consentir en absoluto que diga que hubo algún tipo de amiguismo, no tengo ningún familiar que haya concurrido”, remarcó con vehemencia.

Pero la cosa no acabó ahí. En el turno de preguntas Sáinz lanzó lo que pareció una interpelación en toda regla. Que cuándo se firmó tal decreto, que si sabía que el abogado es el mismo que negoció la oferta pública de empleo, que si sabía que él mismo había votado a favor de esa oferta, etc., etc. Figueroa trató de evitar entrar en la guerra dialéctica y se limitó a responder de la forma más lacónica posible a fin de que la sesión no siguiera extendiendo indefinidamente.

Muy por encima se nombró el informe en el que se supone se explica con claridad cuáles son las irregularidades que motivaron la suspensión. Ya trascendió que una es la falta de negociación de la oferta de empleo público. El otro es que dicha oferta se refería a empleados laborales y no a funcionarios como finalmente se llevó a cabo. Cuando se haga público dicho documento se podrá conocer la letra pequeña de toda esta cuestión.

La tensión del último pleno tuvo su punto más alto cuando el PP presentó como moción de urgencia la anulación de la subvención para la Urbanización Valdelagua por 59.000 euros aprobada unos días antes. Tan elevado fue por momentos el tono del debate que el alcalde, Jesús Sáinz, llegó a calificar la actitud del PP de comportamiento “en plan kale borroka”.

“El Grupo Popular en lugar de comportarse como un grupo parlamentario” se comporta en “plan kale borroka y como un partido extra parlamentario”. Según el primer edil esta calificación se sustenta en que “la irresponsabilidad política que denotan al hacer esta propuesta” los sitúa casi fuera de “los ámbitos parlamentarios”.

El murmullo del público y el rechazo de los concejales populares a estas palabras no se hicieron esperar. A pesar de ello, el regidor se reafirmó en sus dichos en los términos en que se había pronunciado.

Al finalizar la pleno, ante la queja de un vecino que aseguró que de donde él viene (el norte del país) la frase “kale borroka” es muy grave, Sáinz ensayó algo así como una matización. Opinó que hay frases que no tienen el mismo significado en todas las comunidades.

Traducido al castellano, kale borroka significa lucha callejera y según la Guardia Civil “se ha convertido durante los últimos años en uno de los instrumentos principales de la estrategia de ETA y su entorno”. El Instituto Armado asegura que la kale borroka “puede definirse como un terrorismo de baja intensidad”. En una nota de su Centro de Análisis y Prospectiva, añade que “la naturaleza de sus acciones, que incluyen la comisión de delitos de estragos, incendios, lesiones, amenazas y coacciones, y su finalidad, que implica subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública, la kale borroka se engloba dentro del concepto de terrorismo tal como éste es entendido en los artículos 571 a 579 del Código Penal”.

Una de las mociones de urgencia más comentadas del pasado pleno del viernes 29 fue la presentada por el concejal Carlos Archely, quien instó al edil Juan Figueroa a que reintegre 1.500 euros a las arcas municipales. Esta suma surge de ser la mitad de los 3.000 euros que según Archely se le pagaron a un gabinete jurídico para denunciar penalmente  al  actual alcalde, Jesús Sáinz. Archely sólo le exige la mitad porque la otra correspondería al ex primer edil, José Luis Pérez Balsera. Figueroa contestó que si debiera algo le hubiesen formulado un “requerimiento oficial, cosa que no ha pasado ni pasará jamás”.

La denuncia penal a la que hace referencia la moción quedó en nada. Finalmente el Juzgado N°3 de Alcobendas determinó que “el hecho denunciado no reviste carácter de infracción criminal” por lo que el juez instructor decidió el archivo de dicho expediente. Archely recordó que en el Pleno de octubre de 2010 se invitó a Figueroa a realizar el reintegro. “A fecha de hoy el señor Figueroa no ha respondido a la petición formulada”, remarcó Archely.

Según el concejal de AISA existió un compromiso por parte del exalcalde Pérez Balsera de que se devolvería el dinero en caso de que no prosperara la acción judicial, como finalmente sucedió. “Que le diga a su compañero que son 1.500 los que le corresponden”, dijo Archely dirigiéndose a la portavoz popular, Cristina Aparicio.

Durante el debate también intervino el alcalde, quien quiso explicar el motivo de la acción judicial contra su persona. La revista del PSOE de San Agustín del Guadalix, cuando Jesús Sáinz pertenecía a esa formación, llamó “concejal enchufador” a Figueroa, según explicó el primer edil.

Sáinz aprovechó la oportunidad para llamar “moroso” a Figueroa, algo que ya había hecho en la presentación de candidatos de AISA el día anterior al Pleno. “El Partido Popular nos presenta un candidato moroso”, sentenció.

Figueroa no se quedó callado. Negó rotundamente ser moroso del Ayuntamiento. “Si lo fuera hubiera hecho un requerimiento oficial cosa que no ha pasado ni pasará jamás”, desafió el edil del PP al alcalde. “La única razón por la que cuela aquí esta historia es hacer electoralismo y atacar al concejal que va de candidato”.

Después de la aprobación de la subvención de 59.000 euros para la Urbanización Valdelagua nada hacía pensar que dicha decisión fuera a correr peligro. Pero así fue, y con mucho suspenso. Con mucha estrategia por parte de Gobierno y oposición. Echando faroles como en el póker, con la estrategia del ajedrez, y sobre todo, con mucho suspenso.

El final no estaba claro, como en Testigo de cargo, famosa película de Billy Wilder, en la que el final cambia una y otra vez ante el asombro del espectador en los minutos finales de la cinta. Así fue, desde que el PP presentó la moción de urgencia hasta que finalmente fue rechazada en el debate con el voto de calidad del alcalde, Jesús Sáinz.

El PP pidió inesperadamente la anulación de la subvención otorgada en el Pleno del día lunes 25. Una incógnita que surgía era como votaría Amalia Gutiérrez, recientemente echada del Grupo del alcalde. El día 25 su voto no tenía mayor importancia porque el concejal Antonio Ronda no había participado en el Pleno, pero el viernes sí estaba. Otra abstención forzaría al alcalde a utilizar su voto de calidad. Un voto en línea con el PP, su ex partido, sería demoledor para el Gobierno municipal.

En el debate se repitieron acusaciones y criticas de la última sesión. Electoralismo, discriminación, falta de informe técnico del Ayuntamiento, informes técnicos de parte, seguridad, etc. Los mismos argumentos de ambos lados. Excepto por uno.

El alcalde invocó que el hecho de que un Pleno genera derechos para terceros y que la decisión sólo puede ser “recurrida por vía judicial”. Además, dijo y repitió más de una vez, que aquellos concejales que votaran por la anulación podrían tener “problemas jurídicos muy serios”. Parecía un mensaje a dirigido en forma solapada a la concejala Gutiérrez, para que no se atreviese a dinamitar la subvención con un voto a favor de la propuesta.

La concejala Cristina Aparicio, portavoz del Grupo Popular, sugirió que el secretario interviniese para despejar cualquier duda sobre si el Pleno del lunes había producido derechos a terceros, como aseguraba Sáinz. Así se determinaría si la anulación de la subvención podría acarrear consecuencias legales.

Sin embargo, el alcalde no lo invitó a intervenir aduciendo que el funcionario de por sí tiene la obligación de interrumpir si “detectara cualquier indicio de ilegalidad”. El secretario mantenía el silencio. La concejala aprovechó ese silencio para resaltar que al no intervenir todo se estaba haciendo escrupulosamente de acuerdo a la ley. “Si el señor secretario no ha hablado es porque no hay ninguna ilegalidad”, quiso dejar más que claro.

Indirectamente Sáinz y Aparicio ejercían presión sobre el secretario. Fue allí que el funcionario pidió intervenir. Nadie estaba seguro de lo que diría. El PP temía que sus palabras fueran contrarias a su tesis. El alcalde temía lo contrario, lo que podría radicalizar el voto de Gutiérrez. El secretario se manifestó en línea con la posición del primer edil. “Pediría que el Pleno lo dejase sobre la mesa a expensas de un informe jurídico”, sentenció.

Para Sáinz era más que suficiente. Vio que era su oportunidad y arremetió como un tsunami. “Este alcalde no puede parar la votación si el Grupo que ha presentado la moción no la retira”, dijo solemne. El balón estaba en el tejado popular. Sáinz les dejaba el camino libre hacia el abismo. Aparicio y Figueroa hablaban en voz baja. La portavoz ensayó algo así como “quedamos a la espera…”.

Y el alcalde aprovechó las dudas del PP. Arremetió nuevamente y fue directo a la votación. Allí tenía todas las de ganar. Las opciones ya eran todas favorables a su Grupo. El PP sólo podía retirar la moción, lo que significaría un ridículo político en el último pleno antes del 22-M. Estaba tranquilo de que ningún voto díscolo cruzaría la línea roja de la abstención, teniendo en cuenta las advertencias propias y las del secretario. Ya no había más suspenso. Ya estábamos en esa parte de la película, los 30 segundos finales, cuando ya acabó el clímax, cuando ya todos conocemos el final y sólo nos dedicamos a observar su previsible desarrollo.

El PP votó en bloque a favor de la anulación de la subvención, una propuesta que ya no tendría consecuencias porque estaba claro el final. El Equipo de Gobierno votó en contra. Gutiérrez se abstuvo. Empate a seis. Se votó otra vez y definió el voto de calidad del alcalde. Cómo en una maratón circular, después de mucho transpirar, mucho trajín, y muchas pulsaciones, todo acabó en el mismo el lugar donde comenzó. Valdelagua retuvo la subvención.

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La cercanía de las elecciones municipales del 22-M ha hecho que en el Pleno se escucharan constantes referencias a los comicios y a los candidatos de los diferentes partidos, utilizando tal condición como arma arrojadiza. Ningún grupo dejó de utilizar esta cuestión en el debate.

Cuando empezó a tratarse el tema de la polémica subvención de 59.000 euros para la Urbanización Valdelagua, la concejala Cristina Aparicio pidió al alcalde que explicara el motivo de la urgencia. Pero también pidió que dieran su parecer los demás “candidatos” del Pleno. Finalmente, el alcalde no concedió la petición. El primer edil vio claramente que la intención de Aparicio era que Begoña de Mingo (AISA), Rafael Mancheño (AES) y Amalia Gutiérrez (VPSA) se mojaran sobre un tema espinoso.

Rápidamente, salió a contestar la concejala de Mingo. En su opinión, en el Pleno no se puede pedir “a los candidatos que ejerzan como candidatos, incluso antes de que sea declarada abierta la campaña electoral”. “No estamos tomando ni una sola decisión en función de ser o no candidatos, este Pleno se está realizando para tratar asuntos de interés público”, afirmó la candidata de AISA, quien muy rápida de reflejos puso la Ley Electoral por delante para bloquear la propuesta de Aparicio. “No tengo que dar ninguna explicación como candidata porque no es ni el momento ni el lugar”, concluyó.

Aparicio quiso insistir con su idea y el alcalde la interrumpió para evitar seguir con la discusión. “Aquí no hay candidatos, aquí hay concejales”, sentenció Sáinz. Y el tono fue subiendo en medio del murmullo del público.

El propio regidor le hizo notar a la edil del PP que mientras ella exigía que hablaran los candidatos, no hablaba el suyo, Juan Figueroa (sin intervenir hasta ese momento, aunque sí lo hizo más tarde). Y contra él cargó por el reclamo hecho ante la Junta Electoral para evitar que la subvención se debata en el Pleno. “Usted era el quinto en la lista del señor Pérez Balsera y ahora es el primero”, remarcó Sáinz, entrando de lleno en el juego electoral propuesto por el PP. Dejaba de lado su propia frase anterior en la que decía que no había candidatos sino concejales.

Después fue el turno del eterno debate sobre quién elige a los alcaldes. En opinión de Figueroa son los votantes, y en opinión de Sáinz son los concejales elegidos. Mientras aumentaba el murmullo se iba elevando el tono de ambos. “A usted no le votaron y es alcalde”, disparó Figueroa. “Yo soy alcalde por lo mismo que usted será alcalde, si lo es, porque los 17 concejales que hay aquí votarán y lo elegirán a usted, o no”, lanzó Sáinz con vehemencia. “Espero que esa decisión esté apoyada por la mayoría de los votos de los vecinos”, replicó Figueroa. Lo cierto es que el alcalde que no quería entrar en el juego de electoralizar el Pleno acabó entrando. Lo mismo sucedió cuando opinó sobre la abstención de Gutiérrez al remarcarle que era candidata.

La que se mantuvo firme en todo momento fue su compañera de partido y cabeza de lista en AISA, Begoña de Mingo, quien sólo mencionó la palabra “candidato” para contestar y rechazar cualquier intento de llevar la campaña al Pleno. El entendimiento entre Sáinz y de Mingo parece radicar en una minuciosa planificación de cara a cada sesión. Ella mantiene una actitud más sobria, que preserva su imagen para el 22-M, y él es el encargado de chocar constantemente con el PP.

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La votación de la subvención para Valdelagua durante el último Pleno no tuvo desperdicio para quienes la presenciaron. A pesar de ser  aprobada más de uno quedó boquiabierto cuando el alcalde dijo “votos a favor” y se levantaron sólo seis manos: la del propio Jesús Sáinz y la de los concejales Begoña de Mingo, Avelino Ruiz, Carlos Archely, Rafael Mancheño y María Luisa Ampudia. Faltaba el séptimo voto, el de Amalia Gutiérrez, que finalmente se abstuvo. Los cinco del PP votaron en contra.

Después del Pleno Sáinz redactó un decreto en el que se deja fuera del Equipo de Gobierno a Gutiérrez por su falta disciplina. Dado que falta muy poco para acabar la legislatura las concejalías que Gutiérrez tenía delegadas quedaron a cargo del propio alcalde.

Después de la votación la edil pidió la palabra para justificar su voto. Adujo que ella siempre había votado de acuerdo a sus principios, y que en esa oportunidad actuó de la misma forma. “Esta urbanización tiene 30 años y en 30 años no se ha hecho nada, ¿ahora es la urgencia, de repente?”, se preguntó. También esgrimió que la “Junta Directiva” de la urbanización “está muy dividida” apuntando a una supuesta falta de legitimidad de quienes han solicitado la subvención al Ayuntamiento. “Quiero que esta pueblo vaya bien y sería contradecirme si ahora mismo en la época de crisis por la que atravesamos yo diera una subvención de este importe tan alto [59.000 euros] a una urbanización que no es privada, es privadísima y que no es de lujo, es lujosísima, cuando hay tantas necesidades aquí, dentro del pueblo que considero que son prioritarias”, explicó.

El sorprendido alcalde no quiso dejar de dar su opinión sobre el voto de Gutiérrez. El primer edil lamentó “que por primera vez no coincida en su votación con el Equipo de Gobierno”. Pero la cosa no terminó ahí. Sáinz le achacó que “no haya tenido la valentía política de  defender su postura en el debate” y en cambio hacerlo con la votación ya concluida.

El regidor recordó que Amalia Gutiérrez es candidata a la alcaldía (por VPSA) para las elecciones del 22-M. Este comentario sonó a reproche político y Sáinz continuó diciendo: “Es grave que usted no haya anunciado al Equipo de Gobierno el sentido de su voto… y este alcalde y este Equipo de Gobierno no soportan concejales que voten en contra del sentir del Gobierno”. Anticipaba así el final de la concejala como integrante del Gobierno municipal.

Gutiérrez, quien por segunda vez en la le es candidata a alcaldesa por su propia formación, VPSA, pero no es la única. Rafael Mancheño se presenta por AES y Begoña de Mingo por AISA (con el propio alcalde en el segundo lugar de la lista). Hasta el lunes pasado había tres candidatos a primer edil en un Equipo de Gobierno formado por siete. El hecho de que este resquebrajamiento del bloque que gobierna el municipio se de a tan pocos días de las elecciones no es un dato menor. Hoy el Gobierno Municipal se queda con apenas seis miembros, y con dos candidatos regir el Consistorio.

Es así la segunda vez en esta legislatura que Gutiérrez pone sus “principios” como argumento para desmarcarse del Ejecutivo del que formaba parte. Cabe recordar que ella abandonó las filas populares cuando José Luis Pérez Balsera era el alcalde, permitiendo así la moción de censura de junio de 2010. Su distanciamiento del actual regidor confirma lo difícil que es gobernar en este pueblo.

Finalmente se aprobó la subvención de 59.000 euros para la ejecución de obras de soterramiento de cables de media tensión en la Urbanización Valdelagua. A pesar de sus intentos, el PP no pudo evitar una decisión que en todo momento calificó de “electoral”. La negativa de la Junta Electoral a retirar del orden del día este punto dinamitó las posibilidades de la oposición. Aun quedaba una sorpresa: la abstención, dentro del Equipo de Gobierno, de la concejala Amalia Gutiérrez, lo que evidenció las fisuras dentro de la coalición gobernante ante la inminencia de las elecciones del 22-M.

Para comprender bien este Pleno, propio de la antesala de los comicios, hay que centrarse en las acusaciones cruzadas. Para el Partido Popular se trató de una maniobra del Ejecutivo para captar votos en Valdelagua. Este argumento fue rebatido en bloque por los concejales Rafael Mancheño, Carlos Archely, Begoña de Mingo y el propio alcalde, Jesús Sáinz. Con la aceitada coordinación con la que habitualmente enfrentan los Plenos, repartiéndose los roles, recurrieron a la dialéctica y al archivo para mostrar lo que a su entender son contradicciones del Partido Popular.

Rescataron subvenciones anteriores para justificar la actual. Alegaron que los vecinos del Valdelagua son iguales a los del resto del municipio. Esta frase, que simbolizaba el nudo gordiano del debate, después fue repetida por el PP, ya que debían evitar que quedara firme un mensaje que los hacía aparecer discriminando a los habitantes de esta urbanización.

Otro eje de la discusión fue la legitimidad del pedido de la subvención por parte de los propios vecinos. Mientras el PP aducía que había gran cantidad de vecinos en contra de la subvención, desde el Ejecutivo se contestaba que la propia Junta de Gobierno de la Comunidad de Vecinos había realizado la solicitud.

Desde el comienzo mismo de la sesión quedó patente el tono tenso de la misma. Los primeros chispazos surgieron cuando la concejala popular Cristina Aparicio, portavoz de su grupo, pidió que se explicara la “urgencia” de esta subvención. Para el alcalde estaba claro que se debía al “interés social”.

Aparicio insistió en mostrar la contradicción de este gasto frente a la delicada situación económica del Consistorio. Fue el turno del concejal Mancheño para contestar que por una “cuestión de seguridad” se debe afrontar este gasto de acuerdo a “informes técnicos” que aseguran que “el estado del cableado es deficiente por no decir que lamentable” y que se haría lo mismo en cualquier otra urbanización del pueblo en una situación análoga con el fin de “evitar un accidente”.

“A mi me da la sensación de que es decir que no porque es la Urbanización Valdelagua”, sentenció el concejal Archely, politizando la cuestión para después recurrir a su especialidad: recurrir a planos anteriores para justificar sus dichos. Fue así que puso como ejemplo en el pasado el Ayuntamiento intervino en obras similares con el fin de resguardar la seguridad de los vecinos.

Aparicio no quiso dejar sin contestar las palabras de Archely. “Nosotros no tenemos nada en contra de la Urbanización Valdelagua”, le respondió. Y aprovechó su turno para incidir sobre un aspecto que no había surgido hasta ese momento. Se preguntó porqué se hace caso a un informe técnico de dos arquitectos consultados por la propia urbanización y no a los técnicos del Ayuntamiento, para mayor imparcialidad.

Otra de las críticas esgrimidas por el PP, y que habían sido manifestadas en el reclamo a la Junta Electoral, era que el proceso no había sido abierto a otras urbanizaciones. Ese argumento pareció darle alas al alcalde, quien aseguró que la normativa, según sus palabras, estipula que “cualquier urbanización” tiene “derecho a que este Pleno dictamine sobre la conveniencia o no de esa subvención”. También se defendió de las críticas sobre utilizar esta subvención para captar votos en Valdelagua, utilizando el mismo argumento contra la oposición. “Están intentando hacer electoralismo justamente con las demás urbanizaciones”, respondió Sáinz al Grupo Popular.

No sólo Aparicio habló por parte del PP. El concejal Juan Figueroa consideró que no se puede ser “juez y parte”. Criticó así que el Ayuntamiento de por bueno un informe técnico presentado por las mismas personas que piden la subvención, es decir la Urbanización Valdelagua.

El alcalde, con la intención de dar por finalizado el asunto, volvió a ampararse en la normativa y en las bases de la subvención. Y aprovechó para dirigirse con vehemencia al PP: “No van a impedir que aprobemos esta subvención”.

Finalmente la votación arrojó seis votos a favor (Sáinz, de Mingo, Ruiz, Archely, Mancheño y Ampudia), cinco en contra (Aparicio, Figueroa, Moreno –que asumió ayer mismo como concejal-, Fernández Velasco y Fernández Baldasano) y la sorpresiva abstención de Amalia Gutiérrez.

Para hoy a las 19.00 horas está convocado por el alcalde, Jesús Sáinz, un pleno extraordinario que seguramente será intenso. Se espera un fuerte debate ya que el segundo punto del día fue recurrido por el Partido Popular ante la Junta Electoral, que finalmente rechazó el pedido. Hace instantes el Equipo de Gobierno recibió vía fax la desestimación del reclamo presentado por el partido de la oposición para evitar que se trate una subvención a la Urbanización Valdelagua.

El punto de la discordia es una concesión directa de subvención para ejecución de obras para la Urbanización Valdelagua. El PP ve en esta iniciativa un interés puramente electoral que violaría, según su parecer, la Ley Orgánica del Regimen Electoral, modificada el pasado mes de enero.

Ramón Cubián Martínez, en representación del PP ante la Junta Electoral de la Zona de Colmenar Viejo, afirma en su escrito que “la iniciativa no tiene sustento legal y que no tiene otro fin que el puramente electoral, con degradación de las sanas normas de captación de votos de los electores”.

El PP adujo en su escrito a la Junta que se trata de una subvención “no abierta” a otras urbanizaciones y que “no está consignada en el presupuesto vigente”. Argumenta, además, que el propio secretario “informa que no existe dotación presupuestaria” para ella.

Los razonamientos del PP no fueron compartidos en absoluto por la Junta Electoral. Para el organismo la subvención “no se trata de un acto organizado de los contemplado en el art. 50.2 de la Loreg, sino una actuación propia de la Corporación”. Por esta razón, “desestima la reclamación formulada”.