AISA aprovechó el Pleno del pasado jueves para pedir explicaciones al alcalde de San Agustín del Guadalix, Juan Figueroa, acerca de la suspensión de las oposiciones. El encargado de lo que pareció una interpelación, sobre todo en el turno de ruegos y preguntas, fue el ex primer edil, Jesús Sáinz, antiguo responsable de Recursos Humanos y, por ende, de la convocatoria.
Era sabido que el tema de las oposiciones iba a aparecer en algún momento durante el Pleno. AISA presentó una moción para que el tema sea tratado. Sáinz tomó la palabra y criticó la forma en la que se produjo la suspensión y la falta de claridad en el decreto para especificar cuáles son las supuestas “irregularidades”.
AISA dijo no entender la alusión del decreto a razones económicas ya que las nueve plazas actualmente están ocupadas en forma interina, y no hay noticias de que se vaya a despedir a las personas que las ocupan. También cuestionó el cortaypega del decreto. Hasta nombró la página web de donde se obtuvo. “Aunque el abogado redactor externo ya presentó la factura de casi mil euros”, añadió Sáinz.
El ex alcalde achacó el “extremo interés en la paralización” a las “presiones que numerosos militantes del Partido Popular de San Agustín llevan realizando sobre el Equipo de Gobierno en las últimas semanas” tras haber sido eliminados de las oposiciones en las primeras fases. En esa misma situación, dijo, hay “amigos y familiares de concejales y ex concejales”.
Era sabido que la moción tendría poco recorrido. Pero Figueroa aprovechó su turno para dejar claro que la suspensión se decidió después de que informes técnicos alertaran de posibles irregularidades. “Lo que usted propone es que miremos para otro lado”, replicó a Sáinz. “Se llevará al Tribunal Consultivo”, agregó. “No le voy a consentir en absoluto que diga que hubo algún tipo de amiguismo, no tengo ningún familiar que haya concurrido”, remarcó con vehemencia.
Pero la cosa no acabó ahí. En el turno de preguntas Sáinz lanzó lo que pareció una interpelación en toda regla. Que cuándo se firmó tal decreto, que si sabía que el abogado es el mismo que negoció la oferta pública de empleo, que si sabía que él mismo había votado a favor de esa oferta, etc., etc. Figueroa trató de evitar entrar en la guerra dialéctica y se limitó a responder de la forma más lacónica posible a fin de que la sesión no siguiera extendiendo indefinidamente.
Muy por encima se nombró el informe en el que se supone se explica con claridad cuáles son las irregularidades que motivaron la suspensión. Ya trascendió que una es la falta de negociación de la oferta de empleo público. El otro es que dicha oferta se refería a empleados laborales y no a funcionarios como finalmente se llevó a cabo. Cuando se haga público dicho documento se podrá conocer la letra pequeña de toda esta cuestión.










